Exoneraciones a legisladores generan controversia: nuevas propuestas buscan limitar o eliminar beneficios fiscales
Santo Domingo, República Dominicana – La controversia por las exoneraciones de impuestos a dos vehículos cada cuatro años que poseen los legisladores continúa generando rechazo tanto a nivel popular como político. En diversas ocasiones, se han presentado intentos fallidos para limitar o eliminar este privilegio que ha sido cuestionado por su falta de equidad y justificación, pero estas propuestas no han logrado prosperar.
El tema ha cobrado fuerza cada cierto tiempo, principalmente debido a la presión de la sociedad civil, que exige la eliminación de lo que considera un "privilegio" otorgado a los congresistas. A lo largo de los años, se han sometido varios proyectos de ley en ambas cámaras del Congreso Nacional para modificar la Ley 57-96, que establece las exoneraciones fiscales, y poner un límite a este beneficio, pero estos proyectos han quedado solo en propuestas sin mayor respaldo.
En 2011 y 2012, los senadores Tommy Galán y Félix Nova presentaron proyectos para limitar el costo de los vehículos que los legisladores pueden importar sin pagar impuestos, o incluso para eliminar completamente esta facultad. En 2014, las propuestas fueron reactivadas sin obtener el consenso necesario. A nivel judicial, en 2010, la organización Participación Ciudadana presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, alegando que la ley vulneraba el principio de igualdad constitucional, y posteriormente, la Fundación Transparencia Total por la Democracia también se unió a este reclamo.
Este año, el Gobierno del presidente Luis Abinader había incluido en su fallida reforma fiscal una propuesta para derogar la Ley 57-96, sin embargo, la iniciativa fue retirada del Congreso en pocos días debido a la falta de apoyo.
A pesar de la falta de avance en estas propuestas, el presidente Abinader ha insistido en que los legisladores deben asumir la responsabilidad de limitar sus exoneraciones, sugiriendo que el beneficio se reduzca a una sola exoneración y que se establezca un tope de monto.
Nuevas propuestas de reforma
El debate sobre las exoneraciones se reavivó esta semana, cuando los senadores Alexis Victoria Yeb (María Trinidad Sánchez) y Félix Bautista (San Juan) presentaron dos nuevos proyectos para modificar la Ley 57-96. El proyecto de Bautista propone la eliminación total de las exoneraciones, mientras que el de Victoria Yeb busca suprimir una de las dos importaciones libres de impuestos que actualmente disfrutan los legisladores.
En respuesta a las críticas por el uso de este privilegio para importar vehículos de alta gama sin pagar impuestos, algunos congresistas defendieron las exoneraciones, argumentando que existen otros beneficios similares en el ámbito del Poder Ejecutivo, como en combustibles, viáticos y otros privilegios.
Críticas y reacciones
El exfiscal del Distrito Nacional, Guillermo Moreno, calificó las exoneraciones de los legisladores como una "corrupción legalizada" que afecta gravemente los recursos del Estado. Para Moreno, los legisladores que se benefician de estas exoneraciones incurren en un fraude y constituyen una estafa al Estado dominicano.
El cuestionamiento no solo se limita a las exoneraciones fiscales, sino también a otros beneficios como el "barrilito", el cual permite a los congresistas disponer de recursos destinados supuestamente a "ayudar" a sus comunidades. Muchos críticos argumentan que este fondo no debe ser utilizado para beneficios particulares, ya que el rol de los legisladores es principalmente fiscalizar al Poder Ejecutivo.
En cuanto a la reventa de exoneraciones, el jurista Cándido Simó alertó que esta práctica no solo viola las leyes aduaneras, sino que podría configurarse como un delito de lavado de activos, lo cual tendría implicaciones legales graves para los implicados.
Compromiso con la ética política
El partido Alianza País, liderado por Guillermo Moreno, ha sido enfático en su rechazo a estos privilegios. Legisladores de su bancada, como Fidelio Despradel y Pedro Martínez, han renunciado a las exoneraciones, siendo ejemplo de una política ética y transparente.
La controversia sobre las exoneraciones a los legisladores sigue siendo un tema pendiente en la agenda pública, con la sociedad civil presionando para que se eliminen estos privilegios y que el Congreso asuma un rol más responsable y justo en el uso de los recursos públicos.