Gobierno de EE.UU. propone negar residencia a solicitantes considerados “carga pública”
LOS ÁNGELES, EE.UU.– La Administración del presidente estadounidense Donald Trump presentó una propuesta que otorgaría a los funcionarios migratorios mayor facultad para rechazar solicitudes de residencia permanente a inmigrantes que puedan ser considerados “una carga pública” para el Estado, retomando una de las políticas más controvertidas aplicadas en su anterior mandato.
La propuesta fue introducida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), agencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con la intención de derogar la regla vigente de 2022, la cual establece los criterios actuales para negar la entrada o la residencia permanente a quienes puedan depender económicamente de programas del Gobierno.
Vuelve un enfoque más restrictivo
Durante el mandato anterior, la definición de “carga pública” fue ampliada para incluir a inmigrantes que solicitaran apoyos como asistencia alimentaria, vivienda o programas de salud como Medicaid y CHIP, medida que limitó el acceso a la residencia permanente y provocó que muchas familias dejaran de solicitar ayuda gubernamental por temor a consecuencias migratorias.
Ese cambio fue revertido posteriormente, pero la nueva propuesta de la actual administración republicana busca nuevamente fortalecer la evaluación de autosuficiencia económica de los solicitantes.
El documento indica que las disposiciones actuales “restringen la capacidad” de los funcionarios del DHS para aplicar determinaciones de inadmisibilidad en línea con la política nacional. No obstante, la propuesta no detalla todavía qué programas serían considerados indicadores de dependencia gubernamental, a la espera de directrices adicionales.
Preocupación en organizaciones defensoras
La medida ha generado críticas entre organizaciones proinmigrantes, que advierten consecuencias sociales y sanitarias para millones de personas. Voceros señalan que la política podría generar confusión y disuadir tanto a inmigrantes con estatus legal como a ciudadanos estadounidenses de acceder a servicios de salud y asistencia a los que tienen derecho.
Analistas también señalan que la implementación podría aumentar los desafíos legales, tal como ocurrió con regulaciones similares aplicadas en años anteriores.
Impacto potencial
Estudios previos, como uno realizado por la Kaiser Family Foundation (KFF), estiman que cambios a la regla de carga pública durante el mandato anterior pudieron provocar una reducción de entre 2 y 4.7 millones de beneficiarios en programas como Medicaid y CHIP, incluyendo niños estadounidenses de padres indocumentados.
La propuesta se suma a otras medidas recientes orientadas a aplicar criterios más estrictos para el otorgamiento de visas de inmigrante, incluyendo una política que permite rechazar solicitudes de personas con enfermedades crónicas bajo el argumento de posibles costos futuros para el sistema de salud pública.