Gobierno dominicano aprueba Código de Ética para regular la inteligencia artificial en instituciones públicas
Santo Domingo, República Dominicana. El Gobierno dominicano aprobó, mediante el Decreto 787-26, el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, una normativa que establece reglas para el uso responsable, transparente y seguro de esta tecnología en las instituciones del Estado.
La disposición busca proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar que las decisiones administrativas apoyadas en inteligencia artificial cuenten con mecanismos de supervisión humana.
Entre sus principales medidas se encuentra la obligación de evaluar los riesgos éticos de los sistemas de inteligencia artificial de alto impacto, especialmente aquellos relacionados con beneficios sociales, derechos ciudadanos y decisiones sancionadoras.
Los ciudadanos podrán solicitar explicaciones y revisión humana
La normativa reconoce el derecho de las personas a conocer cuándo se ha utilizado inteligencia artificial en un trámite o decisión administrativa. También establece mecanismos para solicitar explicaciones y pedir que una persona revise las decisiones.
Asimismo, prohíbe prácticas como la clasificación social generalizada, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial y los sistemas predictivos de criminalidad basados en prejuicios socioeconómicos o territoriales.
El código contempla medidas especiales para proteger a niños, niñas y adolescentes, así como exigencias de ciberseguridad, trazabilidad y protección de los datos administrados por las instituciones públicas.
Instituciones tendrán 180 días para adaptarse
El decreto dispone la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial y concede un plazo de 180 días calendario para que las entidades públicas adecuen sus procedimientos, registren sus sistemas tecnológicos y designen responsables de su cumplimiento.
La iniciativa fue desarrollada por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con acompañamiento de la Alianza para el Gobierno Abierto.
Con esta medida, República Dominicana establece un marco normativo para incorporar la inteligencia artificial a la administración pública bajo criterios de responsabilidad, seguridad y respeto a los derechos fundamentales.